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13 Abr 2020 18:24
A causa del COVID-19, acuerdos entre trabajadores y empleadores son eje de proyecto de ley urgente
El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, se refirió a los planteamientos del Gobierno Nacional.

El acuerdo entre las partes, entre los trabajadores y empleadores, será uno de los ejes neurálgicos del proyecto de ley económico humanitario que prepara el gobierno de Lenín Moreno para enfrentar la crisis económica aunada a la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus COVID-19.

En cadena nacional transmitida la noche de este domingo 12 de abril, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, explicó que para evitar la generalizada “destrucción de empresas y plazas de empleo será inevitable generar acuerdos cooperativos y equitativos entre las partes”.

Los detalles constan en un denominado proyecto de Ley de Emergencia Humanitaria que se enviará a la Asamblea Nacional para su debate.

Por ejemplo, dijo Martínez, para evitar despidos se podrán acordar nuevos salarios, acordar jornadas diferentes de trabajo, extensiones de plazos y períodos de gracia para las deudas, reducciones de cánones de arriendo.

Las empresas que se acojan al régimen de acuerdo entre las partes, no podrán pagar dividendos durante el periodo de recuperación y deberán comprometerse a preservar las fuentes de trabajo. Además, el Estado ofrecerá apoyos crediticios y de liquidez.

En los casos en los que las partes no lleguen a acuerdos y las empresas deban cerrar sus puertas se “acogerán a un régimen de liquidación que tendrá una vigencia de dos o tres años”.

Mientras se encuentren en este régimen temporal de liquidación, los trabajadores serán los primeros en recibir sus salarios en base a los activos que entren en liquidación.

Para el sector público se buscarán acuerdos para reducir el peso de la nómina, minimizando despidos, aseguró el ministro.

Cambio en propuesta de contribución

Una de las propuestas es que los servidores públicos que ganan menos de $ 1000 se “acogerán a la tabla de contribución humanitaria”. En tanto que, aquellos que ganan más de $ 1000 aportarán un 10 % de su remuneración por un año.

Los trabajadores que pertenecen a las áreas de salud, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y educación no se acogerán a ninguna contribución. El objetivo es reunir $ 250 millones.

A propósito de las reducciones salariales, la mañana del domingo, el presidente Lenín Moreno anunció que se reducirán salarios en un 50 % de él mismo, del vicepresidente de la República, ministros y viceministros; de las funciones del Estado, de los gobiernos seccionales y de la Asamblea Nacional, con la que se recaudaría alrededor de $ 300 millones, adelantó Juan Sebastián Roldán, secretario general del Palacio de Gobierno.

Martínez anunció que el mandatario emitirá un nuevo decreto que ampliará el beneficio del diferimiento de impuestos por seis meses a pequeñas y medianas empresas; el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) diferirá los pagos del aporte patronal de las microempresas por tres meses. Y, la Corporación Financiera Nacional (CFN) creará una línea de crédito de largo plazo para sostener los empleos, con un aporte inicial de $ 500 millones.

También se iniciará la renegociación de la deuda externa. “No podemos sostener el peso de la deuda”, sentenció Martínez, en un diálogo televisivo que se transmitió luego de la cadena.

Se busca un ahorro inicial con los tenedores de bonos por $ 811 millones; y se accederá a $ 3000 millones que llegarán entre abril y mayo del Fondo Monetario Internacional, China, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la CAF.

Reforma a la Asamblea

Durante la cadena, Martínez informó que el Ecuador requiere una recaudación suficiente en el ámbito tributario, para eliminar la dependencia de los ingresos petroleros, por lo que se debe “dejar de subsidiar el contrabando de combustibles, la contaminación ambiental”, aunque no mencionó una posible eliminación de las subvenciones.

Exhortó a la Asamblea Nacional a “deponer intereses partidistas” y debatir este proyecto de ley económico humanitario, así como las reformas al Código de Finanzas Públicas, Código Monetario, Ley de Empresas Públicas.

El secretario de Estado indicó que este lunes podría enviarse la iniciativa normativa, pues durante el fin de semana recogieron propuestas de varios asambleístas coordinadores de bancadas legislativas, entre ellos del presidente del Legislativo, César Litardo, antes de enviarla para su discusión.

El gobierno espera que al contar con los recursos de las contribuciones humanitarias se pueda entregar el bono de Protección Familiar de $ 60 por tres meses (hasta el momento solo está previsto para abril y mayo), y que cubra a unos dos millones de familias, que ven afectadas sus economías por la medida de aislamiento social por la propagación del COVID 19.

Como parte de esas contribuciones está la que harán los empleados con relación de dependencia, que presentó el jefe de Estado el viernes último. Justamente, durante la entrevista televisiva, Martínez mostró un cuadro en el que se observó por ejemplo, que un empleado con relación de dependencia con un sueldo de % 501 hará una contribución mensual de $ 2,01; con un sueldo de $ 1 000 será de $ 19; y del ingreso más alto $ 6 000 una contribución de $ 471, y se extenderá por nueve meses.

También, el proyecto normativo recoge la contribución del 5 % de las empresas que registraron ingresos por sobre $ 1 millón, que será por nueve meses. (I)